SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) manifestó su firme apoyo a la reciente resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), que establece la implementación de una cápita diferenciada por sexo y edad en el Régimen Contributivo.
Según la entidad, esta medida no solo es una respuesta técnica a las necesidades del sistema, sino un paso crucial para corregir distorsiones financieras que han afectado el equilibrio del Seguro Familiar de Salud (SFS) desde su creación en 2007.
Adiós a la "tarifa plana"
Hasta la fecha, el sistema operaba bajo un esquema de tarifa única, donde las ARS recibían el mismo pago por cada afiliado, asumiendo erróneamente que un joven de 20 años tiene las mismas necesidades de salud que un adulto mayor o un infante.
ADARS explicó que esta "tarifa plana" incentivaba la selección adversa, favoreciendo la afiliación de personas con menor riesgo de enfermedad y desincentivando la protección de los grupos más vulnerables.
"La edad y el sexo son variables objetivas que inciden directamente en la demanda de servicios. No reconocer estas diferencias genera tensiones que afectan la equidad y la libre elección de los afiliados", señaló la asociación en su comunicado.
Sin costos adicionales para el ciudadano
Uno de los puntos clave destacados por ADARS es que este cambio no representa un aumento en los descuentos de los trabajadores ni en los aportes de los empleadores.
- Redistribución eficiente: El modelo consiste en redistribuir los fondos existentes de manera más precisa.
- Sin recorte de servicios: La implementación no implica una reducción en las prestaciones o servicios del Plan Básico de Salud.
- Equilibrio competitivo: Busca neutralizar la "afiliación selectiva" entre las distintas ARS, permitiendo que compitan en igualdad de condiciones según el riesgo real de sus afiliados.
Sostenibilidad a largo plazo- Para las ARS agrupadas en ADARS —que representan casi el 46% de los afiliados al Régimen Contributivo—, la adopción de este mecanismo es una responsabilidad compartida que fortalece la continuidad de las prestaciones y asegura que el sistema pueda responder eficientemente a los cambios demográficos de la República Dominicana.
La medida se fundamenta en las atribuciones otorgadas por la Ley 87-01, alineando al país con prácticas internacionales de seguridad social que ya utilizan estos ajustadores de riesgo para proteger a la población conforme a su ciclo de vida.
