La crisis del petróleo le recuerda a República Dominicana que sus vulnerabilidades fiscales más peligrosas no vienen del Estrecho de Ormuz, sino de decisiones que el propio gobierno ha evitado tomar
República Dominicana llega a mediados de 2026 con una economía que crece, reservas superiores a los 16,000 millones de dólares y bonos soberanos que rinden mejor que los de sus pares regionales.
Todo eso es real. También es real que el Estado dominicano está gastando en promedio RD$1,300 millones cada semana para mantener congelado el precio de la gasolina, que el déficit fiscal amenaza con escalar al 4% del PIB y que el presupuesto fue calculado con un barril de petróleo a 65 dólares cuando el crudo ronda los 100.
La solidez y la fragilidad conviven en el mismo balance, y esa convivencia tiene un nombre técnico: vulnerabilidad estructural. Y una causa política: el aplazamiento sistemático de reformas que ningún gobierno ha querido pagar.
El país no produce una gota de petróleo. Esa frase, repetida como dato neutral, es en realidad una sentencia fiscal. Cada conflicto en el Golfo Pérsico, cada decisión de la OPEP, cada tensión en el Estrecho de Ormuz se convierte automáticamente en un problema de presupuesto dominicano.
El cierre parcial del Estrecho provocado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán retiró del mercado global unos 10 millones de barriles diarios de golpe. La Agencia Internacional de Energía lo calificó como una crisis sin precedentes históricos.
Para Santo Domingo, esa crisis aterrizó en forma de subsidios semanales de más de mil millones de pesos que el erario no tenía presupuestados.
El gobierno de Abinader respondió con austeridad y reasignación de gasto, que es la respuesta correcta a corto plazo. Identificó cerca de 10,000 millones de pesos reasignables sin aumentar el gasto total, congeló precios con subsidios focalizados por semana y apeló, con razón, a la diversificación energética en marcha: renovables, el contrato de gas natural asegurado por un año, la fijación del precio del carbón en Punta Catalina. Son herramientas reales. Pero amortiguar un choque externo no es lo mismo que eliminar la vulnerabilidad que lo hace tan costoso.
Ahí está el problema de fondo. Las exoneraciones e incentivos fiscales representan cerca del 4.6% del PIB dominicano. Ese porcentaje es el margen fiscal que el Estado cede cada año sin garantía de retorno proporcional en inversión o empleo.
En octubre de 2024, el gobierno intentó una reforma de modernización fiscal que tocaba precisamente ese nudo: ampliar la base tributaria, racionalizar exenciones, combatir la evasión. La propuesta fue retirada tras una defensa institucional débil y la presión de sectores que argumentaron, con éxito, que la carga recaería sobre la clase media.
El resultado es que el sistema tributario sigue siendo complejo, inequitativo y poroso, y que el Estado sigue financiando con deuda lo que debería financiar con recaudación.
El subsidio a los combustibles revela la misma lógica. En su forma actual, es un instrumento de política social que también subsidia a quienes no lo necesitan. El modelo que haría sentido de cara a 2028 es otro: transferencia directa a los hogares del quintil más bajo, liberalización gradual del precio para los estratos medios y altos, y ahorro fiscal significativo que se reinvierta en la transición energética.
Eso implicaría decisiones políticamente costosas que, hasta ahora, ninguna administración ha estado dispuesta a pagar.
El calendario añade presión. El gobierno Abinader termina en agosto de 2028. Llegar a esa fecha con finanzas estables no depende solo de lo que ocurra en el Estrecho de Ormuz. Depende de si el Estado dominicano es capaz, en los próximos dos años, de hacer lo que ha postergado durante una década: una reforma fiscal que amplíe la base sin castigar a quien menos tiene, un sistema de subsidios que proteja a los vulnerables sin regalar recursos a los que no los necesitan y una matriz energética que reduzca la exposición a cada barril que sube en los mercados internacionales.
La economía dominicana puede ordenar su casa. Lo que no puede es controlar el precio del barril. Por eso la estrategia más inteligente no es reaccionar mejor a los choques externos, sino reducir cuánto daño puede hacer cada uno de ellos. Y eso, a diferencia del petróleo, sí depende de decisiones que se toman en Santo Domingo.
