Una sociedad donde el pago de intereses compite con el derecho a aprender es una sociedad que está hipotecando su capacidad de innovar y competir en el mercado global.
Santo Domingo.– Este es el retrato de una nación que, tras una década de lucha por el 4 % para la educación, se enfrenta a un nuevo y silencioso gigante que devora sus recursos: el pago de los intereses de la deuda pública. En 2026, la República Dominicana ha cruzado un umbral simbólico y peligroso donde el costo del dinero prestado en el pasado pesa más en la balanza que la formación de sus ciudadanos del futuro. +1
El fenómeno no es una simple fluctuación contable, sino un síntoma de rigidez fiscal extrema. Mientras el presupuesto para Educación se sitúa en torno a los 332,000 millones de pesos, el compromiso por intereses de la deuda ya camina a la par, e incluso ha llegado a superarlo en desembolsos trimestrales recientes. Esta realidad significa que, de cada cien pesos que el Estado dominicano recauda de sus contribuyentes, aproximadamente 23 pesos se van directamente a pagar los intereses de préstamos anteriores, sin contar el capital, dejando un margen de maniobra cada vez más estrecho para la inversión social y la salud. +2
La paradoja es profunda: el país ha cumplido religiosamente con la meta del 4 % del PIB para el Ministerio de Educación desde 2013, pero la calidad educativa sigue siendo una asignatura pendiente, mientras que el servicio de la deuda se ha duplicado en los últimos seis años. Este escenario plantea una crítica legítima sobre la eficiencia del gasto. Por un lado, Educación gasta casi el 90 % de sus fondos en gastos corrientes, principalmente salarios, dejando poco para la innovación pedagógica. Por el otro, el Estado se ve obligado a recurrir al endeudamiento para cubrir el déficit crónico, alimentando un círculo donde se toma prestado para pagar deudas viejas, un proceso conocido técnicamente como roll over. +3
La sostenibilidad de este modelo está bajo la lupa de las calificadoras de riesgo y de la sociedad civil. Se habla de un "estancamiento fiscal crítico" o un "bucle" del que es difícil salir sin una reforma integral que aumente los ingresos del Estado de manera justa. El riesgo no es solo financiero, sino moral: una sociedad donde el pago de intereses compite con el derecho a aprender es una sociedad que está hipotecando su capacidad de innovar y competir en el mercado global. La pregunta que flota en el debate público es cuánto tiempo más podrá el país sostener su paz social y su crecimiento económico si los intereses del pasado siguen ganándole la carrera a las pizarras del mañana.
