El Palacio Nacional prefiere asumir un costo fiscal elevado y un posible aumento de la deuda pública antes que enfrentar el riesgo de inestabilidad política que surge cuando la población percibe que el Estado ha perdido su capacidad de protección ante crisis globales.
Santo Domingo, República Dominicana – La República Dominicana ha puesto en marcha una estrategia de "seguro fiscal" y contención de gasto sin precedentes para navegar la crisis energética global desatada por el conflicto en el Estrecho de Ormuz, posicionándose como uno de los países de América Latina que más ha absorbido el impacto externo para proteger al consumidor final.
Tras el Consejo de Ministros del 30 de abril de 2026, el gobierno de Luis Abinader anunció un plan de austeridad para generar una disponibilidad de RD$ 40,000 millones, aproximadamente 666 millones de dólares. Esta cifra busca compensar una factura petrolera que se ha disparado: el crudo Brent pasó de 70 dólares en febrero a promediar 100 dólares en marzo, una escalada de casi el 43% en un mes tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
A diferencia de otros pares regionales que han trasladado el costo del combustible de forma directa a sus ciudadanos, la República Dominicana ha optado por un subsidio masivo y el congelamiento de precios durante el primer cuatrimestre de 2026.
| País | Incremento Gasoil (Q1 2026) | Estrategia Gubernamental |
|---|---|---|
| Perú | 62% | Ajuste de mercado |
| Chile | 51% | Ajuste de mercado con banda |
| Uruguay | 14% | Amortiguación gradual |
| Rep. Dominicana | <5% | Subsidio masivo / Congelamiento |
Este esfuerzo fiscal es considerable: solo en las primeras diez semanas de 2026, el Gobierno dominicano consumió el 21% de todo el presupuesto anual destinado a subsidios de hidrocarburos. Mientras en enero los subsidios semanales eran de RD$ 44.2 millones, en marzo alcanzaron picos superiores a los RD$ 1,189 millones.
Pese a la contundencia de las medidas, analistas mantienen un tono cauteloso sobre su suficiencia a largo plazo:
- Cobertura parcial: Los RD$ 40,000 millones ahorrados cubren aproximadamente dos tercios del impacto fiscal proyectado si el petróleo se mantiene en 100 dólares. El tercio restante (unos RD$ 20,000 millones) requeriría mayor recaudación o endeudamiento.
- Vulnerabilidad extrema: Si el conflicto escala y el barril alcanza los 140 dólares, las medidas de ahorro administrativo quedarían obsoletas ante la magnitud del déficit.
- Austeridad política: La medida más polémica ha sido la reducción del 50% del presupuesto a los partidos políticos, justificada por el gobierno como un acto de "solidaridad institucional", pero tildada de "populista" por la oposición.
¿Habrá que revisar las medidas?
El análisis técnico destaca que la República Dominicana enfrenta esta tormenta con "escudos" financieros robustos. Las reservas internacionales superan los 15,800 millones de dólares, lo que ha permitido mantener la estabilidad del peso dominicano (cotizando cerca de RD$ 59.94 por dólar al 1 de mayo) y evitar ataques especulativos.
No obstante, expertos como Jaime Aristy Escuder y Ernesto Selman advierten que el país debe transitar de subsidios generalizados, que benefician más a quienes más consumen, hacia transferencias directas a los hogares vulnerables, además de acelerar la reforma del sector eléctrico para reducir la dependencia estructural de los combustibles fósiles.
La posibilidad de una revisión a corto plazo de las medidas económicas es altamente probable, ya que el actual plan de austeridad y subsidios se diseñó bajo una lógica de "seguro fiscal" que podría verse desbordada por la persistencia del conflicto en Medio Oriente.
El Gobierno ya ha comenzado a mostrar señales de que no puede sostener un congelamiento total de forma permanente. El 1 de mayo de 2026, se aplicaron los primeros ajustes ligeros con alzas de entre RD$ 7 y RD$ 9 en diversos combustibles. Esta decisión refleja que el modelo de "absorción total" está bajo revisión constante para garantizar la sostenibilidad fiscal.
En resumen, aunque las medidas han sido efectivas para contener la inflación inicial, la estabilidad de la deuda pública y la evolución del conflicto bélico determinarán si el Gobierno debe lanzar una "segunda fase" de ajustes antes de finalizar el año 2026.
¿Qué ha debido hacer el Gobierno?
Desde una óptica estrictamente técnica y de ortodoxia en finanzas públicas, el diseño de la respuesta ante la crisis de 2026 debió priorizar la integridad del balance fiscal por encima de la contención artificial de precios. Un enfoque despojado de populismo habría evitado los subsidios generalizados a los combustibles, los cuales resultan regresivos al beneficiar proporcionalmente más a los estratos de mayores ingresos que consumen más energía.
En su lugar, el rigor financiero dictaba la liberación gradual de los precios de mercado, mitigando el impacto social exclusivamente mediante transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables a través de programas como Supérate.
Bajo este esquema técnico, el ahorro de 40,000 millones de pesos no se presentaría como una reacción de emergencia en un Consejo de Ministros, sino como la ejecución de mecanismos previstos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual exige reglas claras de ajuste automático ante choques externos para evitar la discrecionalidad política.
Esta ley debería impedir que el Estado recurra sistemáticamente a la emisión de bonos soberanos para cubrir déficits generados por subsidios de consumo, una práctica que compromete la sostenibilidad de la deuda a largo plazo y eleva el costo del servicio de la misma.
Asimismo, una gestión eficiente habría enfrentado el déficit eléctrico no con parches financieros, sino con una reestructuración agresiva de las distribuidoras para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, eliminando el drenaje de recursos que se agrava con cada incremento en el precio del crudo.
En lugar de medidas de alta visibilidad pero con impacto fiscal limitado, como el recorte presupuestario a los partidos políticos, la estrategia técnica se habría centrado en la creación de fondos de estabilización petrolera durante los periodos de precios bajos, permitiendo que el país contara con reservas financieras líquidas para amortiguar la escalada del Brent sin comprometer el presupuesto general. Al final, un manejo puramente técnico garantiza que el sacrificio sea compartido y transparente, asegurando que la estabilidad macroeconómica no descanse en el endeudamiento, sino en la eficiencia del gasto público.
Enfoque político: una razón
Desde la perspectiva de la ciencia política, el Gobierno dominicano, al implementar este agresivo esquema de subsidios y ahorro administrativo, está priorizando la gobernabilidad inmediata y la paz social sobre la eficiencia técnica, evitando así el riesgo de un estallido de descontento popular que suele acompañar a las crisis inflacionarias.
Al absorber el choque externo mediante el presupuesto nacional, el Estado actúa como un parachoquesque previene la erosión del capital político del presidente Luis Abinader, especialmente en un contexto donde el aumento del costo de vida es el principal catalizador de la movilización social y la desafección democrática.
Uno de los riesgos más críticos que se está eludiendo es el aislamiento de las clases medias y bajas, sectores que dependen críticamente del precio del transporte y los alimentos. Al evitar incrementos drásticos en los combustibles, como los vistos en Perú o Chile, el Gobierno neutraliza los discursos de la oposición que podrían capitalizar el malestar económico.
Sin embargo, la decisión de recortar el financiamiento a los partidos políticos en un 50% representa un movimiento táctico de "sacrificio compartido" que, aunque genera fricciones con la clase política tradicional, busca blindar la legitimidad gubernamental ante el ciudadano común, proyectando una imagen de austeridad que justifica los ajustes leves aplicados a partir de mayo.
El Gobierno intenta también esquivar el riesgo de una crisis de expectativas. Al mantener la estabilidad del tipo de cambio y la tasa de política monetaria, se envía una señal de control y predictibilidad a los sectores productivos y a la inversión extranjera, evitando que la volatilidad externa se traduzca en una fuga de capitales o en una parálisis del dinamismo económico.
Este enfoque analítico sugiere que el Palacio Nacional prefiere asumir un costo fiscal elevado y un posible aumento de la deuda pública antes que enfrentar el riesgo de inestabilidad política que surge cuando la población percibe que el Estado ha perdido su capacidad de protección ante crisis globales.
Un precio que se tendrá que pagar
Desde una perspectiva macroeconómica estrictamente científica, la decisión de la República Dominicana de actuar como un amortiguador total frente al choque petrolero de 2026 conlleva costos implícitos que, aunque no se reflejen de inmediato en los precios al consumidor, se manifiestan en el deterioro del balance soberano y en la eficiencia del mercado.
Al mantener los precios internos artificialmente bajos mientras el Brent escaló un 42.8% en marzo, el Estado incurre en un costo de oportunidad masivo, desviando recursos que podrían destinarse a inversión de capital con alta tasa de retorno hacia el consumo corriente de hidrocarburos. Este esquema genera una presión fiscal que podría superar los 2,289 millones de dólares anuales si la desviación del precio del crudo se mantiene en 30 dólares por encima de lo presupuestado, una cifra que excede significativamente los RD$ 40,000 millones ahorrados mediante austeridad.
El riesgo técnico más severo es la vulnerabilidad de la sostenibilidad de la deuda pública. Al no trasladar el costo real al mercado, el país se ve forzado a financiar el déficit resultante mediante una mayor presión tributaria futura o, más probablemente, a través de la emisión de nuevos bonos soberanos en un entorno de tasas de interés internacionales elevadas.
Esto incrementa el servicio de la deuda, que ya consume cerca de una cuarta parte de los ingresos tributarios, reduciendo el espacio fiscal para enfrentar futuras contingencias o para realizar las inversiones estructurales necesarias en el sector eléctrico, el cual sigue siendo el mayor drenaje de recursos fiscales debido a sus pérdidas técnicas y no técnicas.
Además, existe un riesgo de distorsión en la asignación de recursos y señales de precios. Los subsidios generalizados eliminan el incentivo para que los agentes económicos optimicen su consumo de energía o transicionen hacia tecnologías más eficientes, perpetuando la dependencia estructural de los combustibles fósiles.
Científicamente, esto se traduce en una pérdida de eficiencia económica: el Estado termina subsidiando indirectamente sectores que no son vulnerables, mientras el "escudo invisible" de las reservas internacionales, aunque robusto con más de 15,800 millones de dólares, comienza a enfrentar una presión constante para sostener la factura petrolera y la estabilidad cambiaria.
En última instancia, el país arriesga su calificación crediticia y su capacidad de respuesta ante un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, donde un petróleo a 140 volvería inviable cualquier estrategia basada únicamente en la absorción administrativa del gasto.
