Por Pedro Páramo
Santo Domingo.- La reciente intervención del Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en el programa Hoy Mismo, ha marcado un punto de inflexión en el discurso oficial sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas dominicanas. Con la autoridad que le confiere ser el arquitecto de la política fiscal del país, Díaz planteó una tesis que resuena con fuerza en los pasillos del poder: la minería responsable, apalancada en los saltos tecnológicos de la última década, no es solo una actividad extractiva, sino una salida estratégica para evitar el aumento de la carga tributaria que hoy pesa sobre los ciudadanos y las empresas.
Esta visión se sustenta en el peso específico que el sector ya tiene sobre la economía nacional. Para dimensionar el impacto, basta observar el comportamiento de Barrick Pueblo Viejo, que se ha consolidado como el mayor contribuyente individual al fisco dominicano. En años de alta productividad, esta operación ha inyectado directamente a la Tesorería Nacional sumas que superan los RD$30,000 millones, actuando como un amortiguador crítico frente al déficit fiscal.
El oro no es solo un metal precioso en este esquema; es el principal producto de exportación del país, representando en ocasiones más de un tercio de las ventas totales al exterior y garantizando un flujo de divisas esencial para la estabilidad del peso dominicano. El momento para reactivar este debate no es fortuito, ya que el mercado global atraviesa una etapa de bonanza extraordinaria con el oro cotizando en máximos históricos, situándose de forma consistente por encima de los US$2,400 por onza. Para un Ministro de Hacienda, estas cifras representan una oportunidad de captar ingresos extraordinarios sin necesidad de legislar nuevos impuestos.
El panorama se vuelve especialmente dramático al mirar hacia San Juan de la Maguana, una provincia que personifica la paradoja del desarrollo dominicano: una región con altos índices de pobreza que se encuentra literalmente sentada sobre una montaña de riqueza. El proyecto Romero, impulsado por GoldQuest en dicha demarcación, es la pieza que falta en este rompecabezas económico. Los estudios geológicos estiman que el yacimiento contiene aproximadamente 2.4 millones de onzas de oro equivalente, una reserva que, de ser explotada bajo los estándares de impacto mínimo que defiende el Ministro, podría transformar el perfil socioeconómico del sur profundo.
Las proyecciones sugieren que el Estado dominicano podría percibir más de US$800 millones en impuestos y regalías durante la vida útil de la mina, recursos que podrían financiar la tecnificación del riego agrícola en el valle de San Juan, resolviendo la histórica disyuntiva entre la preservación del agua y la extracción minera.
Aunque el Ministro Díaz reconoció que el Presidente de la República maneja informaciones sensibles que han justificado la cautela y la detención de procesos mineros en San Juan, su mensaje fue nítido en cuanto a la conveniencia macroeconómica de la actividad. La narrativa del Ministerio de Hacienda y Economía sugiere que, si el país aspira a un crecimiento que no dependa exclusivamente del endeudamiento o de reformas fiscales dolorosas, debe mirar hacia su subsuelo con una óptica moderna y fiscalmente responsable.
En última instancia, la propuesta de Díaz invita a la sociedad a considerar si la verdadera protección del medio ambiente y el bienestar social no pasan, precisamente, por utilizar de forma inteligente los recursos naturales para financiar el salto definitivo hacia el desarrollo.
