El debate sobre el aumento salarial está sobre la mesa. El presidente Luis Abinader ha planteado un 20%, mientras que los gremios laborales piden un 30%. Pero hay un punto que no se menciona lo suficiente: el ajuste por inflación de la base exenta del Impuesto Sobre la Renta, establecido en el Código Tributario y que, desde 2017, ha sido suspendido.
Para ponerlo en cifras, la exención anual sigue congelada en RD$416,280, es decir, RD$34,685 mensuales. Sin embargo, si se aplicara la indexación por inflación acumulada del 38.49%, como manda la ley, la exención debería ser de RD$576,506 al año o RD$48,042 mensuales. Esto significa que, en la práctica, los trabajadores han perdido poder adquisitivo y están pagando más impuestos sin que sus salarios reflejen ese incremento real en el costo de la vida.
Y aquí está la paradoja: tenemos una economía que crece a una tasa promedio del 5%, pero casi la mitad de los dominicanos, según la última encuesta RD Elige, ven la crisis económica, el alto costo de la vida, el desempleo y los bajos salarios como sus principales problemas. La gente siente que la economía no le favorece.
Si vamos a hablar de un ajuste salarial, hablemos de un sacrificio compartido. No se trata solo de aumentar salarios y cargar a las empresas, sino de aplicar también la indexación suspendida para aliviar la carga fiscal de los trabajadores. La economía necesita más competencia, más reformas para ser menos costosa y más eficiente. Mientras eso llega, el ajuste salarial debe ser equilibrado: que ayude a la gente sin comprometer la sostenibilidad del empleo formal.
